Cuatro personas encausadas por fraude funerario en Valencia. Manipulación de cadáveres donados a la ciencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha dictado dos autos de procedimiento abreviado contra cuatro personas vinculadas a una empresa funeraria, a las que se acusa de urdir una trama para lucrarse con cadáveres donados a la ciencia. Los delitos imputados incluyen estafa y falsedad documental, ambos relacionados con la facturación fraudulenta a dos universidades por servicios funerarios no realizados o manipulados.

Entre los investigados se encuentran dos empleados y dos responsables de la funeraria, quienes, según el juez, habrían alterado documentos relacionados con la donación de cuerpos y falsificado facturas por incineraciones que nunca ocurrieron o que se realizaron de manera indebida. Las investigaciones abarcan dos causas judiciales, una por la manipulación de los trámites funerarios de un único cadáver y otra por la gestión fraudulenta de siete cuerpos más.

Documentación falsificada para lucro indebido

En el primer caso, los hechos se remontan a diciembre de 2002, cuando los encausados recogieron el cadáver de un ciudadano francés en el Hospital La Fe de Valencia. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una universidad privada de la ciudad, con documentación manipulada que indicaba falsamente que el difunto había donado su cuerpo a la ciencia. Además, uno de los empleados de la funeraria utilizó un nombre falso en los documentos para encubrir su identidad.

La investigación ha revelado que este fraude documental tenía un fin económico. En enero de 2023, la empresa funeraria emitió una factura de 1.331 euros por los supuestos servicios prestados, aunque la misma fue anulada meses después, en mayo, tras descubrirse las irregularidades. El juez señala que la finalidad era obtener un beneficio económico ilegítimo, utilizando los restos del difunto como medio para facturar servicios funerarios que no correspondían a la realidad.

Fraude por incineraciones ficticias

El segundo procedimiento judicial involucra los cuerpos de siete personas fallecidas entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. En estos casos, el juez advierte que existen “serias dudas” sobre la autenticidad de los documentos que acreditaban la donación de estos cuerpos a la ciencia. Según los indicios, los cadáveres fueron incinerados de forma irregular, introduciendo varios de ellos en un mismo féretro, pero facturando los servicios de incineración por separado.

Entre las pruebas recopiladas figuran nueve facturas por importes que van de los 1.331 a los 1.784 euros, giradas a una universidad privada de Valencia entre 2018 y 2023. El magistrado destaca que, a pesar de las facturaciones, no consta que las incineraciones se llevaran a cabo en ningún crematorio de la ciudad. Los restos mortales fueron incinerados junto a otros, incumpliendo con las normativas sanitarias y éticas en la gestión de cadáveres.

Adicionalmente, en 2021, se emitieron dos facturas más a la Facultad de Medicina de una universidad pública de Valencia por servicios funerarios que tampoco se realizaron de manera adecuada, según los informes del juzgado.

El magistrado ha subrayado la gravedad de estos hechos, señalando que, aunque los cadáveres son considerados legalmente como "objetos", siguen siendo restos humanos que deben ser tratados con el respeto que merecen. El lucro obtenido a costa de estos cuerpos añade una dimensión moralmente reprochable al caso, además de las consecuencias legales.