El Tribunal de Justicia de la UE obliga a asesores fiscales a denunciar ante Hacienda las posibles prácticas evasivas que cometan sus clientes.

Los asesores fiscales tienen la obligación de denunciar a sus clientes cuando identifiquen posibles prácticas de evasión fiscal, establece el TJUE. Esta exigencia se enmarca dentro de la Directiva 2011/16, modificada por la Directiva DAC 6, que impone la comunicación de operaciones sospechosas a las autoridades tributarias. Los asesores fiscales, junto con otros intermediarios como notarios y contables, deberán informar sobre cualquier operación que pueda considerarse contraria a la normativa fiscal.

La resolución del TJUE surge a partir de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal belga, y excluye a los abogados de esta obligación debido a la protección que les otorga el secreto profesional.

Cuestión prejudicial y controversia en Bélgica. Asunto C-623/22.

La cuestión prejudicial que dio origen a esta sentencia fue planteada por un tribunal belga, como resultado de un recurso presentado por la Asociación Belga de Abogados Fiscalistas. La controversia se centraba en si la obligación impuesta por la Directiva DAC 6 de informar sobre prácticas fiscales abusivas vulneraba derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida privada y el secreto profesional.

El tribunal belga solicitó al TJUE que aclarara si esta obligación de denuncia debía aplicarse a todos los intermediarios fiscales o si era posible hacer excepciones, como en el caso de los abogados. La sentencia del TJUE confirma que, si bien los abogados quedan exentos por el secreto profesional, el resto de intermediarios, como asesores fiscales y contables, deben cumplir con la obligación de informar.

El caso de los abogados

El TJUE ha determinado que los abogados no están obligados a denunciar las prácticas de sus clientes, ya que su relación con estos se encuentra amparada por el secreto profesional. Esta excepción fue establecida en una sentencia anterior de diciembre de 2022, en la que se resolvió que los abogados, por su papel en la defensa de los derechos de los ciudadanos, no deben ser obligados a compartir información con las autoridades tributarias.

El interés general en la lucha contra la evasión fiscal

El TJUE ha justificado su decisión destacando que la lucha contra la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva es un objetivo de interés general en la Unión Europea. La Directiva DAC 6 es una herramienta fundamental para mejorar la cooperación entre los Estados miembros y permite a las autoridades fiscales responder de manera más rápida y eficiente a las operaciones sospechosas.

El Tribunal ha realizado una ponderación entre los derechos fundamentales, como la privacidad, y el interés general de combatir la evasión fiscal, concluyendo que la obligación de los asesores fiscales de denunciar a sus clientes es una medida proporcionada y necesaria para alcanzar este objetivo. De este modo, se asegura que los Estados miembros dispongan de la información necesaria para detectar y actuar sobre prácticas fiscales abusivas.

Responsabilidad de los ciudadanos en la lucha contra la evasión

Además de los asesores fiscales y otros intermediarios, la Directiva DAC 6 también impone obligaciones a los ciudadanos europeos. Estos deben informar a la Administración Tributaria de cualquier mecanismo transfronterizo del que tengan conocimiento y que pueda suponer una planificación fiscal abusiva.