¿Qué es el recurso contencioso-administrativo?

El recurso contencioso-administrativo es un proceso judicial que permite a los ciudadanos impugnar actos, disposiciones, inacción o actuaciones de la Administración Pública que se consideran contrarios a la ley. Se utiliza cuando se ha agotado la vía administrativa y la Administración no ofrece una solución, declarando que no es posible continuar el procedimiento.

Este recurso se presenta cuando un ciudadano tiene un conflicto con una Administración que afecta sus derechos o intereses legítimos. A través de este mecanismo, el tribunal puede emitir una resolución que ponga fin al conflicto y, si es necesario, corregir la actuación de la Administración.

¿Cuál es la normativa que regula este recurso?

La normativa que regula este recurso se encuentra en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, así como en los artículos 106 y 24 de la Constitución Española de 1978. Estas leyes establecen las condiciones y procedimientos tanto para los ciudadanos como para los tribunales que participan en este tipo de recursos.

¿Qué actos o situaciones pueden ser impugnados?

Se pueden impugnar:

·       Actos administrativos.

·       Disposiciones generales (reglamentos).

·       Inactividad de la Administración.

·       Vías de hecho (actuaciones materiales sin cobertura legal).

¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso?

Cualquier persona, ya sea física o jurídica, que considere que sus derechos o intereses legítimos han sido vulnerados, está legitimada para interponer un recurso contencioso-administrativo. Este recurso se presenta contra la Administración Pública que ha emitido el acto, disposición o ha incurrido en inactividad.

Existen diferentes tipos de recursos contencioso-administrativos. En el sistema jurídico español, se distinguen tres tipos principales, siendo el recurso ordinario el más común y utilizado con mayor frecuencia.

¿Cuáles son Tipos de recursos contencioso-administrativos?

Existen varios tipos de recursos contencioso-administrativos, cada uno adaptado a situaciones específicas dentro del ámbito de la Administración Pública:

Recurso contencioso-administrativo abreviado

Este procedimiento se aplica a recursos relacionados con temas muy concretos, como cuestiones de personal en las Administraciones Públicas, extranjería, solicitudes de asilo político, disciplina deportiva por dopaje, y aquellos casos en los que la cuantía no supera los 30,000 euros. Inicialmente, el límite era de 3,000 euros, incrementándose a 13,000 euros en 2003 y, finalmente, a 30,000 euros en 2011.

La Ley 29/1998 establece que este procedimiento debe ser ágil, basado en los principios de celeridad, inmediación y oralidad. Aunque empieza con un escrito de demanda, los trámites posteriores son principalmente orales, a menos que se solicite una resolución sin pruebas ni vista. Sin embargo, en casos más complejos, esta simplicidad puede dificultar el análisis y comprometer la seguridad jurídica.

La representación legal es opcional si el proceso se lleva a cabo ante un órgano unipersonal, pero es obligatoria ante órganos colegiados. Si existen defectos en la representación, se otorga un plazo de diez días para corregirlos, y de no hacerlo, el caso podría archivarse.

Aunque la Ley no menciona específicamente medidas cautelares para este procedimiento, se aplican las disposiciones generales de la Ley 29/1998, como ha señalado el Tribunal Supremo.

Recurso contencioso-administrativo para la protección de derechos fundamentales

Este recurso está orientado específicamente a la defensa de los derechos y libertades fundamentales que hayan sido vulnerados. Se trata de un mecanismo legal establecido en el artículo 53.2 de la Constitución Española, cuyo principal objetivo es garantizar el amparo judicial de estos derechos.

Este recurso ofrece un procedimiento especial para reclamar la protección de libertades constitucionales, permitiendo al tribunal restaurar la situación y asegurar que se respeten los derechos fundamentales de las personas afectadas. Es una herramienta clave cuando se trata de violaciones graves de los derechos que están protegidos por la Constitución.

Recurso contencioso-administrativo ordinario

Este es el procedimiento más común y se utiliza para impugnar actos de la Administración Pública que incluyan disposiciones de carácter general, o actos administrativos, tanto expresos como presuntos, que pongan fin a la vía administrativa. Este recurso se puede presentar contra actos definitivos o de trámite que decidan sobre el fondo del asunto, impidan continuar con el proceso, causen indefensión o provoquen un perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos del demandante.

También se puede recurrir la inactividad de la Administración Pública o cualquier actuación fuera de la legalidad. No obstante, quedan excluidos de este procedimiento los actos que simplemente reproduzcan otros anteriores que ya sean firmes, así como aquellos que confirmen actos consentidos por no haber sido recurridos a tiempo.

Este tipo de recurso está regulado en el Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que establece los procedimientos para impugnar actos de la Administración y las condiciones que deben cumplir tanto los ciudadanos como los tribunales que gestionan estos casos.

Cada tipo de recurso contencioso-administrativo tiene sus propias particularidades, pero todos buscan ofrecer una vía judicial efectiva para resolver conflictos entre los ciudadanos y la Administración Pública.

¿Cuál es el procedimiento para interponer un recurso contencioso-administrativo?

Para interponer un recurso contencioso-administrativo, tienes un plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que deseas impugnar. En caso de que la Administración no responda dentro del plazo legal, lo que se llama "silencio administrativo", también puedes recurrir al tribunal. En ese caso, si el acto es presunto por este silencio, tienes hasta seis meses desde el inicio del mismo para presentar el recurso.

El recurso debe presentarse ante el tribunal contencioso-administrativo de tu localidad, y es obligatorio contar con un abogado. Aunque el procurador es opcional, su apoyo es recomendable. Si decides acudir a la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo, tanto el abogado como el procurador son obligatorios.

También puedes dirigirte a otras entidades como el Ministerio Fiscal o las Administraciones autonómica o del Estado, según corresponda.

¿Se pueden recurrir las sentencias dictadas en un recurso contencioso-administrativo?

Sí, se pueden presentar recursos de:

• Apelación: Ante el Tribunal Superior de Justicia.
• Casación: Ante el Tribunal Supremo en casos de interés casacional.
• Generalmente, la parte perdedora es condenada en costas, aunque hay excepciones.