El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado una sentencia que avala la constitucionalidad de las investigaciones policiales realizadas mediante agentes encubiertos en operaciones contra el crimen organizado. Esta sentencia, redactada por el magistrado César Tolosa Tribiño, representa la primera vez que el TC se pronuncia sobre este tema.

Origen de la sentencia del Tribunal Constitucional

El caso se originó con la autorización del fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga en enero de 2019 para que tres agentes encubiertos investigaran un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Las pruebas obtenidas condujeron a la condena del recurrente a 8 años de prisión por un delito contra la salud pública. Las declaraciones de los agentes encubiertos fueron fundamentales en el juicio celebrado ante la Audiencia Provincial de Madrid y confirmado por el Tribunal Supremo.

El recurrente en amparo alegó que la actuación de los agentes vulneró su derecho a la intimidad, debido a la prolongada intervención y la falta de control judicial inmediato. También argumentó la inexistencia de garantías adecuadas por parte del fiscal y la posibilidad de un delito provocado. Sin embargo, el TC desestimó estos argumentos, afirmando que la actividad de infiltración policial está respaldada por el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que refuerza tanto la seguridad de los agentes como los derechos del investigado.

La habilitación de agentes encubiertos no afecta directamente a derechos fundamentales

El Pleno del TC subrayó que la comunicación inmediata al juez por parte del fiscal no es necesaria hasta la conclusión de las diligencias preprocesales. Destacaron que la habilitación de agentes encubiertos no afecta directamente a derechos fundamentales hasta que su actuación concreta los impacte, momento en el cual se requiere autorización judicial.

El TC también descartó la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, señalando que el procedimiento de habilitación del agente encubierto, basado en indicios previos de delito y debidamente motivado, es una salvaguarda contra la provocación delictiva. Además, las declaraciones de los agentes fueron consideradas pruebas válidas.

El Tribunal reafirmó que la mera habilitación de un agente encubierto no afecta al derecho a la intimidad, y que cualquier impacto en este derecho dependerá de la actuación específica del agente. Tras revisar los informes, el TC concluyó que en este caso concreto no se vulneró el derecho a la intimidad del recurrente.

Votos particulares

La sentencia incluye un voto particular del magistrado Ramón Sáez, quien consideró que la figura del agente encubierto sí afecta al derecho fundamental a la intimidad y debería requerir intervención judicial para respetar el principio de proporcionalidad. Además, el Presidente Cándido Conde-Pumpido, la Vicepresidenta Inmaculada Montalbán y los magistrados Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano han anunciado votos particulares concurrentes.

Agentes encubiertos en investigaciones policiales

En resumen, el TC ha avalado la utilización de agentes encubiertos en investigaciones policiales, reforzando la legitimidad de estas actuaciones bajo el marco legal vigente y asegurando la protección de los derechos fundamentales mediante una regulación adecuada.