El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vigo ha fallado en favor de una trabajadora autónoma, anulando el cobro de 2.170 euros en cotizaciones sociales que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) le había exigido por un periodo de incapacidad temporal entre diciembre de 2019 y enero de 2021. Durante este tiempo, la autónoma estuvo incapacitada y, tras 60 días de baja, las cotizaciones debían ser cubiertas por la mutua colaboradora, a la que estaba adherida. Sin embargo, la TGSS reclamó el pago alegando que la trabajadora no había cotizado por el concepto de cese de actividad y, por lo tanto, no había optado por la cobertura de esa contingencia.

Cotizaciones sociales durante el periodo de incapacidad temporal

La trabajadora, desconcertada por la comunicación recibida de la TGSS que le exigía el pago, decidió impugnar esta decisión. El juzgado, al revisar el caso, determinó que la acción de la TGSS carecía de fundamentos legales y era contraria a los derechos de la trabajadora. El magistrado criticó el cambio de criterio de la TGSS, señalando que se basaba en una interpretación errónea de la ley que no estaba respaldada por un cambio normativo previo necesario.

No existían errores o inexactitudes por parte de la trabajadora

El juez argumentó que no existían errores o inexactitudes por parte de la trabajadora que justificaran una revisión de las cotizaciones y enfatizó que las responsabilidades de pago de las cotizaciones durante el período de baja eran claramente de la mutua, tal como se había aplicado inicialmente. Además, señaló que cualquier revisión debería haber seguido el procedimiento establecido en el artículo 56 del Real Decreto 84/1996, en lugar de la forma en que se comunicó a la trabajadora, la cual describió como un "callejón administrativo sin salida".

Fallo | evolución de las cotizaciones cobradas indebidamente

Finalmente, la sentencia del juzgado es firme y no admite recurso, lo que representa una victoria definitiva para la trabajadora, garantizando la devolución de las cotizaciones cobradas indebidamente y subrayando la importancia de adherirse a los procedimientos legales correctos y a la protección de los derechos de los trabajadores autónomos frente a interpretaciones administrativas erróneas.