Reforma del sistema de enjuiciamiento

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), una reforma integral que reemplazará a la ley de 1882. El objetivo principal es modernizar el procedimiento penal, adaptarlo a la Constitución y dotar al sistema judicial de mayor agilidad y garantías.
La nueva norma establece que el Ministerio Fiscal asuma la dirección de la investigación penal, bajo la supervisión de un juez de garantías. De este modo, España se alinea con los modelos procesales de los principales países europeos, donde el fiscal dirige la investigación y el juez ejerce funciones de control y enjuiciamiento.

Dirección de la investigación por el Ministerio Fiscal

El fiscal investigador dirigirá la instrucción de los delitos, actuando con autonomía funcional. Las medidas que afecten derechos fundamentales, como las intervenciones telefónicas, la entrada en domicilios o la prisión provisional, deberán ser autorizadas por el juez de garantías, quien velará por la legalidad de las actuaciones.
Finalizada la investigación, un juez de la audiencia preliminar decidirá si procede la apertura del juicio oral, y otro juez distinto conocerá del juicio propiamente dicho. Este modelo asegura que quienes juzgan no participen en la fase de instrucción, reforzando así el principio de imparcialidad judicial recogido en el artículo 117 de la Constitución Española.

Refuerzo de derechos y garantías

La LOECrim incorpora una regulación más detallada de los derechos del investigado, asegurando el respeto a los principios de presunción de inocencia y suficiencia de la prueba de cargo. Se prevén revisiones periódicas de las medidas cautelares, especialmente de la prisión preventiva, cada seis meses, con el fin de evitar privaciones de libertad prolongadas sin sentencia.
En cuanto a las víctimas del delito, la ley consolida su papel central en el proceso y amplía las medidas de protección, en especial para menores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables. Se incluyen mecanismos de justicia restaurativa, que permiten una resolución más ágil y reparadora de los conflictos penales.

Modernización y nuevas herramientas procesales

La norma incorpora el uso de tecnologías avanzadas en la investigación penal, como análisis de ADN, huellas digitales, evidencia electrónica e inteligencia artificial. También actualiza la acusación popular, limitando su ejercicio a personas físicas o entidades con interés legítimo, conforme al artículo 125 de la Constitución y a la doctrina del Tribunal Supremo.

Entrada en vigor y efectos prácticos

La nueva LOECrim entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Los procesos iniciados antes de esa fecha continuarán tramitándose conforme a la legislación actual, preservando la seguridad jurídica. La reforma busca un proceso penal más eficaz, garantista y adaptado a la realidad tecnológica y social del siglo XXI.