El Tribunal Supremo estima el recurso por prescripción de la acción penal

El Tribunal Supremo ha declarado extinguida la responsabilidad penal de un promotor inmobiliario, al estimar su recurso de casación por prescripción de la acción penal. El acusado había sido condenado por estafa tras vender viviendas sobre plano que nunca llegaron a construirse. La acción penal se ejercitó fuera del plazo legalmente previsto, lo que ha conllevado su absolución.

Hechos probados

Estafa en contratos de compraventa de viviendas

Según los hechos probados, entre los años 2005 y 2006, varios compradores firmaron contratos de compraventa con el acusado para adquirir viviendas en construcción. Entregaron cantidades a cuenta, pero las obras nunca se iniciaron. En 2015, los afectados interpusieron una querella penal.

La Audiencia Provincial de Albacete condenó al promotor en 2022 por un delito de estafa, imponiéndole un año de prisión, inhabilitación especial y el pago de 26.000 euros en concepto de indemnización. También declaró responsables civiles subsidiarias a las sociedades que él administraba.

El tribunal no se pronunció expresamente sobre el delito de apropiación indebida, planteado por la acusación particular.

Recurso de casación | Prescripción de la acción penal como motivo principal

Contra esta sentencia recurrieron tanto el promotor como la acusación particular.
La defensa alegó la prescripción de la acción penal, al haber transcurrido más de cinco años entre la comisión de los hechos y la presentación de la querella. Por su parte, la acusación particular solicitó una condena también por apropiación indebida, invocando el Acuerdo Plenario de 2017 sobre entregas a cuenta en promociones inmobiliarias.

Doctrina del Supremo sobre la prescripción de la acción penal

La Sala recuerda su doctrina consolidada sobre la prescripción de la acción penal, presente en sentencias como las SSTS 760/2014, 414/2015 y 649/2018.
Esta figura se concibe como una garantía de seguridad jurídica y de proporcionalidad punitiva, que impide la persecución penal cuando ha transcurrido un tiempo excesivo desde la comisión del delito.

En virtud del Acuerdo Plenario de 26 de octubre de 2010, el plazo de prescripción se determina según la calificación jurídica definitiva: en este caso, estafa básica, con un plazo de prescripción de cinco años.

Al haberse presentado la querella en 2015 por hechos ocurridos en 2005 y 2006, el Tribunal concluye que la acción penal ya estaba prescrita cuando se inició el procedimiento.

Fallo del Tribunal Supremo

Absolución por prescripción de la acción penal

El Tribunal Supremo estima el recurso del promotor y declara la prescripción de la acción penal, acordando su absolución.

La estimación de este motivo hace innecesario el análisis de los restantes fundamentos invocados.

El recurso de la acusación particular se desestima, al haber quedado sin objet tras la extinción de la acción penal.

Las costas del recurso del condenado se declaran de oficio, mientras que las correspondientes a la acusación particular se imponen a esta parte.

Prescripción de la acción penal como límite del proceso penal

Desde una perspectiva jurídica, la sentencia subraya que la prescripción de la acción penal opera como una causa de extinción de la responsabilidad penal y como un límite esencial al ius puniendi del Estado.

El paso del tiempo sin impulso procesal efectivo impide mantener un proceso penal abierto de forma indefinida, incluso cuando existen indicios razonables de delito.