Reducción de honorarios en Oviedo

Un recurso estimado por la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial de Oviedo, mediante Sentencia núm. 385/2025, de 16 de julio, ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por un cliente contra un despacho de abogados. El tribunal reduce la reclamación de honorarios de 24.084,27 euros a únicamente 20,71 euros, al constatar deficiencias en el cumplimiento de la obligación de información precontractual.

Falta de información al consumidor

El cliente argumentó que no se le informó de forma adecuada sobre los criterios de fijación de los honorarios en la primera reunión mantenida con el letrado, donde únicamente se le exigió un pago inicial de 2.420 euros. Tampoco en la segunda reunión, celebrada con la ayudante del abogado, se le facilitó esa información, lo que le llevó a creer que el importe entregado cubría la totalidad de los servicios.
Este incumplimiento afecta a la normativa de protección de consumidores y usuarios, que exige transparencia en los contratos suscritos con profesionales.

La doctrina del TJUE

La Audiencia Provincial apoya su razonamiento en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tribunal ha establecido que, en los contratos de servicios jurídicos con personas físicas, el cliente se encuentra en una posición de inferioridad frente al abogado, dado que carece de los conocimientos técnicos necesarios para valorar la calidad y el coste de los servicios.
Por ello, el deber de información del profesional adquiere especial relevancia y debe incluir el importe aproximado de los honorarios o, al menos, las bases de cálculo de los mismos.

Cálculo de la cantidad debida

El tribunal explica que la pensión reconocida al demandante ascendió a 1.421,74 euros en catorce pagas, es decir, 59.713,08 euros en un período de tres años. Aplicando la escala correspondiente al 20% de dicha cantidad, resultan 2.017,12 euros, a los que habría de añadirse el IVA.
Dado que el cliente ya había abonado 2.420 euros, se considera que el pago cubría los honorarios debidos. En consecuencia, solo procede fijar una diferencia de 20,71 euros a su cargo.

Consecuencias prácticas

La resolución recuerda a los profesionales la importancia de cumplir con la normativa de protección de los consumidores. La falta de información clara y transparente en la fase precontractual puede generar la nulidad o reducción de los honorarios reclamados. Además, subraya que los abogados deben realizar una estimación razonable del coste de sus servicios, evitando cláusulas indeterminadas que perjudiquen al cliente.