Excesiva exigencia de MASC en gananciales

Marco normativo y planteamiento del recurso

La Audiencia Provincial de Murcia, en su sentencia n.º 191/2025, de 11 de junio (ECLI:ES:APMU:2025:1793), resuelve un recurso de apelación en materia de liquidación de la sociedad de gananciales. La cuestión principal se centra en determinar si resulta procedente exigir un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC) para la inclusión de determinadas partidas en un inventario ya declarado firme.

El recurso se sustentaba en tres motivos: la actualización de créditos conforme al IPC, la inclusión de recibos del IBI como pasivo y la consideración de los honorarios del contador-partidor. La Audiencia aborda cada motivo desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento y de las reglas del Código Civil.

Actualización de créditos por IPC

Respecto a la actualización de determinadas partidas, el tribunal estima el recurso. El fundamento se halla en el artículo 1398.3.º del Código Civil, que establece que el reintegro debe hacerse por su importe actualizado. La Audiencia subraya que no se trata de una deuda pecuniaria en sentido estricto, sino de una deuda de valor, cuya naturaleza exige preservar el poder adquisitivo del crédito. Esta interpretación evita que el cónyuge acreedor sufra un perjuicio derivado de la depreciación monetaria.

Inclusión del IBI en el pasivo

En cuanto a los recibos del IBI de los años 2020 y 2023, la Audiencia rechaza el argumento de incongruencia extra petita. Señala que, aunque el inventario se hubiera declarado firme, la exclusión de tales partidas supondría un resultado contrario a la finalidad liquidatoria prevista en los artículos 1396 y siguientes del Código Civil. La exigencia de promover un MASC para su inclusión resultaría desproporcionada, pues se trata de deudas acreditadas documentalmente y vinculadas a bienes ya inventariados. De este modo, se protege la coherencia del procedimiento y se evita el fraccionamiento innecesario de la litis.

Honorarios del contador-partidor

La Audiencia también rechaza excluir los honorarios del letrado contador-partidor. Considera, en línea con la doctrina mayoritaria de las audiencias provinciales, que su intervención es necesaria y no potestativa. Por tanto, sus honorarios constituyen una carga de la sociedad de gananciales. Obligar a acudir a un MASC y, eventualmente, a un nuevo declarativo para reclamar estos honorarios, supondría una vulneración del principio de buena fe procesal y un desequilibrio injustificado entre las partes.

Conclusión

La sentencia clarifica que la exigencia de MASC, siendo un instrumento útil para agilizar la justicia, no debe convertirse en un obstáculo formalista que retrase la liquidación de gananciales. El criterio fijado por la AP de Murcia refuerza la seguridad jurídica y la economía procesal, preservando la finalidad del procedimiento y garantizando la igualdad entre los cónyuges en el reparto de cargas y créditos.